“El monstruo que se ha creado con el déficit de tarifa es descomunal. Hay que ajustar entre 3.000 y 4.000 millones al año para no seguir aumentándolo, que es casi un tercio de todo el esfuerzo de consolidación fiscal que necesita el conjunto de las finanzas públicas. Por eso el asunto ha recaído en el Ministerio de Hacienda. Industria no puede afrontarlo por sí solo. No le llega con los instrumentos a su alcance”. Así de tajantes se mostraban esta semana fuentes del Gobierno a días vista de que el Ejecutivo facilite detalles sobre la reforma del sistema eléctrico que José Manuel Soria demora desde hace seis meses. Nadie en el sector duda de que la solución pasa por el lado de los ingresos. Es decir, habrá más impuestos para todos.
Según explican fuentes próximas a Industria, los técnicos tienen elaborados desde la pasada semana diferentes mix de medidas que cuadran los números. A partir de ahí, todo depende ahora de una decisión política. Encima de la mesa, sobre todo, temas fiscales. Por ejemplo, el céntimo verde –que gravaría los carburantes para sufragar parte del coste de las energías verdes-, una subida del impuesto de la electricidad o un gravamen general a la generación, una suerte de tasa Robin Hood igual para todos. En este último escenario, la pelea se centra en si el canon grava los ingresos o los kilowatios de las diferentes instalaciones. El primer escenario perjudica más a las grandes empresas.
No falta quien dentro del sector cuestiona la vía escogida, en tiempos de estrecheces. “El problema de recurrir a la fiscalidad con la debilidad actual del consumo es que puedes no obtener los ingresos que pretendes. Y en ese caso, ¿cómo vendes nuevos ajustes adicionales? Para que los números cuadren, el céntimo verde será realmente un canon de entre cinco y diez céntimos por litro. Sin contar con que, en la actual situación de las cuentas públicas, las compañías temen que Hacienda termine asumiendo la recaudación para el Estado y nunca llegue a sus balances”, exponen estas fuentes.
El PP inventó el déficit de tarifa en el año 2001 para evitarse el coste político de tener que subir la luz. Al PSOE no le disgustó la brillante fórmula. La electricidad no se paga a su precio, sino a un coste regulado. La diferencia se les reconoce a las eléctricas, que la contabilizan en sus balances y cobran de forma diferida en el propio recibo. Toda una hipoteca creciente que, al final del día, hubo que empezar a titulizar con aval de Estado. Más de una década después, el agujero asciende a 24.000 millones y este año podría dispararse por encima de los 30.000. La clave está en lograr de una vez por todas el equilibro entre ingresos y costes del sistema. Con el problema añadido de que estos últimos se han disparado por las primas a las energías renovables.
El Gobierno podría actuar sobre este último punto y recortar a discreción los subsidios a las energías limpias. ¿Problema? Pondría en jaque la seguridad jurídica. No parece que haya intención de ir más allá de la moratoria acordada en abril para los proyectos futuros. “El Ministerio está preocupado por los temas de retroactividad y por el arbitraje internacional que tiene en marcha. Con la que está cayendo, no quiere más problemas con los inversores internacionales. En cada reunión se muestran muy conscientes de este problema”, aseguran fuentes próximas al departamento de Soria. Y la cuestión no es baladí. No en vano y sólo en el primer trimestre del año, las renovables recibieron primas por importe de 2.128,6 millones de euros.
El Gobierno es bien consciente de que, en caso de acometer un recorte en las primas, la clave está en la energía termosolar. Sin embargo, las presiones internacionales han terminado de limitar su capacidad de maniobra. Según explican fuentes del sector, tanto fondos estadounidenses como la Embajada alemana han sido los últimos en apelar a la seguridad jurídica para que no se toquen esas primas. La propia CNE explica en un reciente informe que actualmente están inscritos en el registro de preasignación –y por tanto tienen derecho a las ayudas- 1.600 megavatios que aún no tienen acta definitiva de puesta en marcha. Cuando estén en funcionamiento, previsto para el año 2014, supondrán una carga de 1.600 millones de euros anuales más.
Una decisión cuanto antes
El planteamiento ha puesto en guardia a las eléctricas, que han centrado sus iras en las energías renovables y ahora ven cómo apenas sufrirían los ajustes. La patronal (Unesa) emitía ayer un comunicado en el que pedía que se agilizara la reforma y recordaba que, cuanto más tarde en hacerse pública, mayor es el nivel de incertidumbre que soportan y el riesgo de sufrir rebajas en unos ratings que coquetean con el bono basura. La reclamación de las eléctricas enlaza con el nuevo retraso que se barrunta para la reforma, inicialmente prevista para el Consejo de Ministros de hoy. Las compañías daban ayer por hecho quese demoraría hasta el cónclave del día 6 de julio.
“Una de las hipótesis que recorre el sector es que hayan decidido retrasarla a la espera de lo que salga de la Cumbre europea. Si España tiene que acometer medidas fiscales, podría prepararse una ley ómnibus para la próxima semana en la que se incluya nuevos tributos de fiscalidad medioambiental. Crear un impuesto nuevo requiere un proyecto de ley. No basta con un real decreto-ley. Y eso sobrepasa a Industria”, explican fuentes del sector. El Gobierno tampoco dará hoy luz verde a la subida de la luz a partir del 1 de julio a la que está abocado. Lo hará a mediados de mes con carácter retroactivo, en tanto aún no tiene el preceptivo informe de la CNE. La subida de los precios en la subasta en un 4,7% hacen inevitable una subida de la electricidad en ese orden, ya que una última sentencia del Supremo impide al Ejecutivo rebajar los peajes para compensar ese incremento.
También Red Eléctrica (REE) tiene motivos para la inquietud. No en vano el Ministerio de Industria ya avanzaba en el Real Decreto-ley publicado a principios de abril, en el que recogía su primera tanda de medidas, que su intención en una segunda oleada de disposiciones es ajustar también la retribución que abona por la actividad de transporte. “Se procede también a revisar con carácter excepcional la retribución de la actividad de transporte impulsando a la par, una profunda reforma del procedimiento por el que se determina la retribución de esta actividad, con el fin de vincular la retribución a los activos en servicio no amortizados, eliminando bolsas de retribución no justificadas”, rezaba el documento.
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